La asociación pide a Confederación Hidrográfica del Ebro y Gobierno de Aragón que evalúen con cautela y en profundidad la necesidad, utilidad real y durabilidad de cada una de las posibles intervenciones solicitadas por ayuntamientos y agricultores, que deberán restringirse únicamente a aquellos enclaves donde haya un riesgo directo y constatado para los núcleos urbanos o para retirar acumulaciones de sedimentos provocadas por la construcción de ciertas infraestructuras (puentes, diques...).
En ningún caso se debe costear con fondos públicos actuaciones de compensación de daños, restauración, protección y perpetuación de ocupaciones ilegales del territorio, instando a los ayuntamientos a elaborar planes que permitan frenar y eliminar progresivamente las construcciones irregulares en zonas de inundación, como es el caso de las casetas en Peñaflor o Villanueva de Gállego.
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